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lunes, 19 de diciembre de 2011

[SPECIAL 4TH ANIVERSARY POST] Presunto culpable (2011, Roberto Hernández y Layda Negrete)

Presunto culpable es un documental grabado en la ciudad de México durante el proceso judicial abierto en contra de José Antonio Zúñiga, un ciudadano común y corriente a quien un buen día se le acusa de un homicidio, y después de un primer proceso judicial, es hallado culpable y encerrado en una de las cárceles más temidas de la ciudad capital: el Reclusorio Oriente. Tras solicitar una apelación, que le es negada, el equipo de abogados descubre que el defensor de oficio original del caso había actuado sin tener licencia profesional de abogado, por lo que ese pequeño resquicio (en Estados Unidos lo llamarían tecnicismo) les permite solicitar un nuevo juicio, pues su cliente no tuvo una defensa adecuada. A partir de ese momento, deciden grabar en video el juicio. Para quienes fuera de México han visto juicios judiciales como los que se ven en las series de televisión o películas estadounidenses, habrá que advertirles que lo que verán aquí no sólo es un horror sólo posible en un sistema judicial corrupto e ineficiente, sino que es además algo irreconocible con cualquier sistema judicial que se precie de ser justo e imparcial. El acusado está siempre detrás de una reja que prácticamente le impide escuchar lo que sucede en la sala de audiencias, lo cual ya es, pro decir lo menos, bastante prejuicioso, pues el acusado no está en una sala de audiencias, sino literalmente enrejado. Extrañamente aquí vemos algo que, según se desprende del documental, pero también de la experiencia de casi cualquier caso judicial en México, casi nunca sucede: la presencia del juez durante las audiencias. Normalmente el acusado nunca ve al juez, y quien lo representa es un secretario de actas, quien le muestra al final el expediente para que dicte sentencia. Tal vez por la cámara de video es que el juez (quien en pantalla no actúa como juez, sino como alguien disfrazado como tal, véanlo para percatarse del hecho) está presente, pero eso es más bien una rareza (mosntruosidad) del sistema judicial mexicano.

Además de la evidente monstruosidad que el caso en sí mismo representa, el documental despertó una amplia polémica no sólo por los burdos intentos de censura, basados en argumentos tan endebles como el presentado por uno de los testigos que aperecen en el documental, quien señalaba se utilizaba su imagen sin su autorización (un pretexto que recuerda la prepotencia de Gabriel Zaíd, poeta y escritor mexicano, que amenazó con demandar a una revista porque le habían tomado una foto sin su autorización en un evento público; sí, así se las gastan hasta los intelectuales que supuestamente son o deberían ser garantes de la libertad...
sino porque además el documental apareció en cartelera justo en medio de una discusión pública entre México y Francia respecto a la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue sentenciada a 60 años de prisión por ser presuntamente la jefa de una banda de secuestradores. El caso estuvo lleno de irregularidades, desde el montaje de su presunta detención y la liberación de unos secuestrados en 2005 como un acto en vivo, cuando fue en realidad una simulación, que la máxima autoridad policiaca del país, la PGR, presentó orgullosamente en el noticiario de Televisa como ejemplo de un operativo eficiente. En 2008 fue condenada a 96 años de prisión, posteriormente reducida a 60 años.

Se trató de un caso de alto perfil informativo en el que las autoridades judiciales y policiacas del país mostraron su peor rostro: el del cinismo, pues en cualquier país del mundo un caso así habría sido sobreseído por cualquier juez. Sin embargo, lo peor no había sucedido aún. En 2010 Francia empezó a solicitar, amparada en los acuerdos internacionales firmados por México, que se le permitiera a la acusada (nunca confesa, por cierto) cumplir su sentencia en una prisión parisina, a lo que se opuso no sólo el gobierno mexicano, sino una parte muy importante de empresarios mexicanos, víctimas de la delincuencia, pero también de la injusticia y corrupción del sistema judicial mexicano. El caso se convirtió en un incidente internacional que concluyó con la cancelación de los festejos por el Año de México en Francia, el cual incuía la más grande e importante exposición arqueológica de piezas prehispánicas y mayas en París, donde ya estaban los contenedores listos para ser llevados al museo, entre otros centenares de actividades oficiales.

Justamente cuando se debatía públicamente sobre este asunto, y que personsajes como Isabel Miranda de Wallace, cuyo hijo fue secuestrado y asesinado por una banda de secuestradores, respaldaron el fallo de la justicia mexicana, y presionaron públicamente al presidente de la República para que no entregara a las autoridades francesas a la condenada, fue cuando apareció en cartelera este documental que exhibía, y exhibe, al sistema judicual mexicano como algo indefendible: corrupto, ineficaz, arbitrario. Un documental que incluso dividió a la opinión pública en su momento, y que aún hoy en día sigue levantando ámpula.

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